Una de las gestiones más importantes que ha emprendido Aesabana es actuar como entidad facilitadora entre la Alcaldía y los Privados para la construcción de la PTAR I de Chía. Esta obra tiene doble importancia para el municipio. Por una parte, porque la expansión urbana y el crecimiento demográfico de Chía en los últimos 10 años demanda actualizar la infraestructura de servicios públicos. Y, por otra parte, porque la construcción de la nueva PTAR I es uno de los mandatos de la histórica Sentencia del Río Bogotá de 2014, que compromete a entidades públicas y privadas de los órdenes nacional, departamental y municipal a adelantar acciones para la recuperación y descontaminación definitiva del Río Bogotá.
La PTAR I se construyó originalmente en 1989 y, aunque ha sido acondicionada en diferentes momentos, el acelerado crecimiento del municipio ha sido mucho más rápido y la infraestructura ya colapsó. Si bien la Sentencia del Río, proferida por la Magistrada Nelly Villamizar, compromete fundamentalmente a la Alcaldía, los privados también empezaron a aportar a la solución teniendo en cuenta su rol como vecinos de la PTAR, beneficiarios de la región y afectados por la problemática. Así, desde 2015 se vienen desarrollando convenios como la elaboración del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Chía, financiado por Amarilo y la Fundación Saldarriaga-Concha, la construcción de colectores de separación de aguas lluvia y aguas residuales y otras obras de infraestructura desarrolladas por el empresariado.
Desde 2018, la Asociación de Empresarios de la Sabana ha venido acompañando este proceso y actuando como facilitador entre Empresarios, Alcaldía y Magistrada. Por medio de Aesabana, en mayo de 2019 se acordó una primera reunión de acercamiento entre la Magistrada y los constructores, con miras a hacer un diagnóstico de la situación y proponer soluciones. Posteriormente, se agendaron mesas de trabajo entre los privados y la Alcaldía para continuar avanzando.
Sin embargo, en agosto la expedición de un auto de Incidente de Desacato con el Municipio prendió las alarmas entre los constructores por la suspensión de las licencias de construcción y habitabilidad de las construcciones ya realizadas y vendidas. Gracias a la gestión de Aesabana, se logró concertar una audiencia especial con la Magistrada donde los empresarios pudieron manifestar sus inquietudes y expresar su voluntad de trabajar junto al Tribunal y la Alcaldía por el objetivo común de recuperar el Río. Como resultado, la Magistrada moduló su auto, levantando la suspensión de las licencias de construcción, estableciendo nuevos plazos para presentar soluciones. En este momento se está construyendo un acuerdo entre los empresarios, la Alcaldía y Emserchia para solucionar el tema de manera definitiva.
Aesabana continuará acompañando este proceso, tan necesario para el bienestar de los ciudadanos, las empresas y el medio ambiente de Sabana Centro.